Cualquier documento redactado por un abogado o un funcionario público, así como numerosos documentos financieros y académicos con implicaciones legales, deben ser traducidos por un traductor legal profesional si se van a utilizar en un país extranjero cuyo idioma sea distinto al del país de origen del documento.
Algunos de estos documentos son:
Contratos de compraventa
Estados financieros
Cartas de poder
Escrituras de propiedad
Documentos laborales
Testamentos
Fideicomisos
Pólizas de seguros
Informes periciales
Documentos relacionados con la Propiedad Intelectual o Industrial
Normativas y legislación extranjera
Decisiones judiciales
Procesos arbitrales
Escrituras y estatutos de sociedades
Certificados académicos
Y, en general, cualquier texto legal, financiero, académico, religioso, etc., que implique la creación de derechos u obligaciones para una de las partes.